"Obras por impuestos y la necesidad de simplificar sus procedimientos" por Raúl Mucha.

A pesar de los más de diez años desde su implementación, a la fecha, el mecanismo de obras por impuestos no termina de consolidarse por problemas más de formas que de fondo; algo que debería remediarse en el corto plazo, en atención a las circunstancias propias acaecidas por la pandemia por Covid-19 y en miras a una eficiente reactivación económica y de las inversiones en el Perú.

Como es de conocimiento, con la entrada en vigencia de la Ley N° 29230, se aprobaron medidas con el objetivo de impulsar la ejecución de proyectos de inversión con la participación del sector privado, asentándose de esta forma, una modalidad de ejecución conocida como obras por impuestos, a través de las cuales las empresas privadas financian, ejecutan y/o proponen proyectos de inversión, aplicando el monto de inversión al pago a cuenta y/o regularización de su impuesto a la renta, en otras palabras, en lugar de pagar en efectivo el referido impuesto, este se paga a través de un certificado valorado, denominado CIPRL o CIPGN, con el que se reconoce el monto de inversión ejecutado por la empresa.

Es importante señalar que, el mecanismo de obras por impuestos tiene su origen en nuestro país, y que, a la fecha, a través de asesoramiento a través de Proinversión se ha logrado plasmar su aplicación en la legislación colombiana, planteándose, además, su desarrollo de igual manera en países como Ecuador y Paraguay.

Ahora bien, si por un lado este mecanismo agiliza la inversión pública en cuanto a infraestructura se refiere, ello en razón del trabajo conjunto realizado entre el sector público y el sector privado, puesto que, este último invierte, sin generar costo para el estado en la ejecución de diversos proyectos de inversión pública del Gobierno Central, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades Públicas, se requiere a su vez una pronta actuación del estado para la entrega de los certificados valorados y que estos puedan ser aplicados adecuadamente.

Pues bien, advertimos que, pese al escenario innovador de la referida modalidad de inversión, su práctica y desarrollo a lo largo de poco más de una década nos trae cuestionamientos que a la fecha deben tratar se superarse, estos lamentablemente, más de índole burocrático que de operatividad propiamente; existen pues factores relacionados incluso al poco conocimiento que los funcionarios y servidores públicos tienen sobre el referido mecanismo, generándose de esta forma la paralización de diversos proyectos de inversión; es a partir de ello, que se hace necesario quizá un desarrollo normativo complementario que permita brindar un mayor respaldo a la actuación estatal.

Es importante que, en un contexto de pandemia como en el que nos encontramos, donde muchas economías estatales se encuentran gravemente golpeadas y que con el paso de los meses pretenden irse recuperando progresivamente, se aproveche la oportunidad de “win win” que ofrece este mecanismo de inversión para fortalecer determinados sectores que permitan un desarrollo sostenible y con ello ir cerrando brechas de infraestructura y servicios.